SOLIDARIDAD CON PATRICIA.
El 18 de noviembre de 2011, la Policía Municipal de Madrid procedió, en el barrio de Manoteras, al desahucio de una familia de cinco miembros (madre, abuela y tres niños) debido a una estafa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, pese a que la familia estaba pagando su deuda. Esa misma mañana, decenas de vecinos solidarios del mismo y otros barrios cercanos se concentraron allí para bloquear pacíficamente el paso a los funcionarios y a la policía, y así tratar de impedir el desahucio. Por desgracia, finalmente no se consiguió un aplazamiento.
El 18 de noviembre de 2011, la Policía Municipal de Madrid procedió, en el barrio de Manoteras, al desahucio de una familia de cinco miembros (madre, abuela y tres niños) debido a una estafa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, pese a que la familia estaba pagando su deuda. Esa misma mañana, decenas de vecinos solidarios del mismo y otros barrios cercanos se concentraron allí para bloquear pacíficamente el paso a los funcionarios y a la policía, y así tratar de impedir el desahucio. Por desgracia, finalmente no se consiguió un aplazamiento.
Entre los vecinos apartados uno a uno por la policía se encontraba Patricia,
que como el resto, volvió a su casa llena de frustración e impotencia. Esa
misma tarde, Patricia fue detenida en su domicilio particular por
agentes de la policía, acusada de un delito de atentado a la autoridad por
lesiones graves a un agente. En caso de agresión, es impensable que no hubiera
sido detenida en el lugar de los hechos, en vez de 10 horas más tarde en
su casa. Pero si esto ya es sumamente extraño de por sí, resulta que los
informes médicos realizados sobre la supuesta lesión ni siquiera coinciden
todos en el mismo diagnóstico.
Por otra parte, ninguno de los vecinos, manifestantes ni periodistas que allí
se encontraban vio nada parecido, y no existe ninguna prueba que apoye la
acusación. No obstante, Patricia no cuenta con ningún testigo directo ni
grabación del momento de los hechos, por lo que se haya expuesta a la
presunción de veracidad del agente de policía.
Al enterarse de su detención, ya por la noche, el compañero de la comisión de
legal de la Asamblea de Hortaleza, a la que Patricia pertenecía, se presentó en
la comisaría para poder asistirla. La Policía no sólo le denegó ese derecho,
sino que comunicó a Patricia que su abogado “no había venido” y la privaron de
libertad hasta el día siguiente, alegando que sería puesta a disposición
judicial, la cual finalmente no se produjo.
Hoy, casi dos años después de estos hechos, Patricia se halla a espera de
juicio (con fecha por determinar) y de un posible embargo de cuentas por no
poder pagar la fianza de 8.900 euros impuesta por el juez, además de los
3 años de prisión que pide la fiscalía.
De esta manera, nos vemos obligados a ejercer de recaudadores para pagar una
sanción cuya suma irá destinada a los que la acusan falsamente, evitando así
peores consecuencias para nuestra vecina y compañera. Si finalmente el juicio
resultara favorable y Patricia quedara absuelta, todo lo recaudado se destinará
a otros casos similares a éste.
Consideramos que este proceso penal, absolutamente desproporcionado y lleno de
irregularidades, forma parte de una deliberada política de represión. Es
evidente que pretende ser un castigo ejemplar para advertir a la gente que, de
manera solidaria, decide tender una mano a sus vecinos para evitar que los
intereses económicos pasen por encima de los intereses de las personas.
Cuenta para donaciones voluntarias
en apoyo al caso:
3025 0006 27 1433254624
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