Partidos conservadores y neoliberales están gobernando, tanto en España como en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo los de la Eurozona, implementando políticas públicas que tienen como consecuencia: 1) la realización de reformas laborales que conllevan la disminución de los salarios y el aumento del desempleo; 2) el descenso de la población activa; 3) la reducción de la protección social; 4) el recorte del gasto público social; 5) la privatización de las transferencias y de los servicios públicos del Estado del Bienestar; 6) la reducción de los derechos laborales y sociales; 7) la disminución y privatización de las pensiones públicas; y 8) el debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. La evidencia de que esto está ocurriendo es robusta y claramente convincente (ver sección Economía Política en
www.vnavarro.org).
Donde tales políticas han alcanzado su máximo desarrollo ha sido en los países periféricos de la Eurozona, y muy en particular Grecia, Portugal y España. No es por casualidad que estos tres países sean los países donde las fuerzas conservadoras han sido más poderosas e influyentes en sus Estados durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Todos ellos han tenido dictaduras fascistas o fascistoides por un largo periodo de su historia e, incluso, durante su periodo democrático, cuando han estado gobernados por partidos de centro izquierda, las políticas de estos gobiernos han estado seriamente condicionadas por tales fuerzas conservadoras.
Tal dominio conservador explica que estos Estados se caractericen por: 1) ser muy pobres (sus ingresos al Estado representan sólo el 34% de su PIB en España, el 37% en Grecia y el 39% en Portugal, porcentajes mucho más bajos que el promedio de la UE-15, 44%, y mucho, mucho más bajos que en Suecia, el país donde las izquierdas han gobernado por más tiempo durante los últimos cincuenta años, y cuyo porcentaje es el 54%; 2) tener escasa sensibilidad social con sus Estados del Bienestar (transferencias, pensiones y servicios públicos, como sanidad, educación y servicios sociales) muy poco financiados (su gasto público social como porcentaje del PIB es el 22% en España, el 25% en Grecia y el 24% en Portugal, de nuevo más bajos que el promedio de la UE-15 con un 27% y mucho, mucho más bajos que el de Suecia, 30%); 3) la escasez de los recursos públicos, incluyendo empleo en los servicios de tal Estado del Bienestar –como, de nuevo, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, servicios sociales, entre otros- (sólo uno de cada diez adultos trabaja en tales servicios en España, comparado con uno de cada cuatro en Suecia. Si en España fuera uno de cada cuatro, se crearían cinco millones más de puestos de trabajo, eliminando con ello el desempleo); 4) tener las políticas públicas más regresivas y menos redistributivas de la UE-15. (La pobreza en España se reduce, mediante las políticas del Estado -tanto central como autonómico-, sólo 4 puntos, pasando del 24% de la población al 20%, el porcentaje de reducción de la pobreza más bajo –junto con Grecia y Portugal- de la UE-15. El promedio de la UE-15 es de 9 puntos, y en Suecia es de 14 puntos. Como consecuencia, España, Grecia y Portugal son los países con mayor porcentaje de la población que son pobres); 5) tener las cargas impositivas más regresivas e injustas (el trabajador de la manufactura en España paga en impuestos el 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El súper rico español, el 1% de la población con mayor renta, paga en impuestos sólo el 10% de lo que paga el súper rico en Suecia); 6) tener los fraudes fiscales más elevados de la UE-15 y también más concentrados en las rentas superiores y en las rentas derivadas del capital (en España el 74% del fraude fiscal -44.000 millones de euros- lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año –un 0,12% de todas las empresas- y la banca. Un tanto semejante ocurre en Grecia y Portugal).
En todos estos países un porcentaje muy reducido de la población (las élites financieras, económicas y mediáticas) tiene una enorme influencia sobre sus Estados, habiendo diseñado sistemas políticos de escasa representatividad electoral. Esta característica es especialmente acentuada en España, donde la Transición (mal definida como modélica) de la dictadura a la democracia, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado y la gran mayoría de medios de información y persuasión. De ahí que el sistema electoral sea escasamente proporcional y representativo.
Las consecuencias de este dominio conservador
La reducción de la capacidad adquisitiva de la población, resultado del descenso real de los salarios forzó a las familias a endeudarse, beneficiando con ello a la banca, la cual, en maridaje con la actividad más especulativa de la economía española, la actividad inmobiliaria, creó la burbuja inmobiliaria, alimentada también con dinero procedente de la banca alemana (entre otras) que hizo extraordinarios beneficios en aquella inversión especulativa. Durante el boom económico, creado artificialmente por tal burbuja, fuerzas conservadoras forzaron reformas fiscales, bajando los impuestos a las rentas superiores y a las rentas del capital (20.000 millones de euros en España), que beneficiaron predominantemente a los sectores más pudientes de la sociedad, creando a la vez un agujero en las cuentas del Estado, que apareció más tarde cuando la burbuja estalló y el déficit del Estado apareció en toda su dimensión.
Como respuesta, el Estado español (así como el griego y el portugués) intentó reducir tal déficit, no mediante la reversión de los recortes de impuestos implementados durante la época de falsa bonanza, sino recortando el ya escasísimo gasto público social. Así se congelaron las pensiones para conseguir 2.000 millones de euros, cuando se podían haber obtenido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el patrimonio o 2.552 millones anulando la bajada de los impuestos de sucesiones. Y, más recientemente, las mismas fuerzas conservadoras han ido recortando 6.000 millones de euros en la sanidad española, cuando se podrían haber obtenido 5.300 millones anulando la bajada de impuestos de las grandes compañías financieras. Hoy el Estado español ha apoyado a la banca con una cantidad semejante al 10% del PIB a la vez que están recortando a diestro y siniestro los servicios y transferencias del Estado del Bienestar. Diariamente se están echando a más de 500 familias de sus hogares por no poder pagar su hipoteca, a la vez que se está ayudando a los bancos con el dinero de todos. Y se están imponiendo enormes sacrificios, y otros que vendrán, para pagar a la banca, tanto española como alemana (entre otras), el dinero que como usurera está consiguiendo a costa de unas prácticas inmorales, injustas y antidemocráticas.
Y digo antidemocrática porque, tal como indiqué en mi artículo “La necesaria huelga general” (Público, 01.11.12), todas estas políticas que se están llevando a cabo no tienen ningún mandato popular, pues ninguna de ellas estaba en los programas electorales sobre los que fueron elegidos. De ahí la necesidad en todos estos países de protestar y denunciar estas prácticas que se están realizando en contra y a espaldas de la gran mayoría de su población. Lo que estamos viendo en cada uno de estos países es el gobierno de una minoría a favor de una minoría, en contra de una mayoría. Las derechas de siempre, en cada uno de ellos, están ahora, bajo el falso argumento de que no hay alternativas, intentando conseguir lo que siempre desearon: la reducción de los salarios y de la protección social y la eliminación del Estado de Bienestar. Y no se puede permitir, por mera salud democrática, que ello ocurra. De ahí que se hayan convocado Huelgas Generales y/o movilizaciones el próximo día 14 de noviembre en cada uno de ellos, para protestar e impedirlo. La propia existencia de la democracia está en peligro.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
