GARZÓN ¿LA VERDAD EN EL BANQUILLO?

Parece increíble, pero España ocupa el segundo lugar del mundo en número de fosas clandestinas, solo detrás de Camboya. Lo más chocante es que, en pocos días, el Tribunal Supremo podría asestar un mazazo terrible a las aspiraciones de justicia de los familiares de más de 110.000 de personas que aún permanecen enterradas por todo el país.

Y es que el único intento judicial de investigar dichas espeluznantes desapariciones ha llevado al Juez Garzón al banquillo, acusado de incumplir la Ley de Amnistía de 1977. La Fiscalía y destacados juristas a nivel mundial secundan las acciones de Garzón en este caso, y el derecho internacional establece que crímenes de tal gravedad no pueden ser objeto de amnistía. Pero el Supremo está bajo una enorme presión y podría condenar al juez, enviando un mensaje intimidatorio a los que luchan contra la impunidad y buscan proteger la dignidad de las víctimas y de sus familias. 

Las críticas internacionales siguen creciendo, y nuestras autoridades son conscientes de que la independencia y reputación de nuestra judicatura está en entredicho. Enviémosles un mensaje ensordecedor pidiéndoles que apliquen los principios de derecho internacional, absuelvan al Juez Garzón, y garanticen un tratamiento justo y humano a los familiares de todos los que siguen abandonados en fosas comunes. Quedan pocos días para el final del juicio - haz clic aquí para firmar la urgente petición, y será entregada al Tribunal Supremo cuando alcancemos 50.000 firmas:

http://www.avaaz.org/es/spain_truth_on_trial/?cl=1565705339&v=12489

Desde los años 90, jueces españoles han jugado un papel clave en la lucha global contra la impunidad, investigando abusos de derechos humanos en Ruanda, Chile, Guantánamo, entre otros lugares. En1998, el tenaz uso del Derecho Internacional por parte del juez Garzón permitió el arresto del General Pinochet por la tortura y asesinato de miles de ciudadanos chilenos y extranjeros. 

Pero la marea está cambiando, y Garzón se enfrenta ahora a una posible condena penal por utilizar en España esos mismos principios que aplicó internacionalmente, al autorizar la investigación de la tortura, asesinato y desaparición de más de 114.266 personas entre 1936 y 1951. Iniciado por grupos de ultra derecha, el procedimiento judicial ha incurrido en importantes irregularidades procesales, e incluso, el Tribunal le ha negado a la defensa la posibilidad de aportar importantes pruebas testificales de expertos en derecho internacional. Muchos temen que este y otros juicios que pesan sobre Garzón son parte de un intento de deshacerse de un incómodo juez, que se ha labrado una reputación por perseguir a mafias traficantes de drogas, altos cargos políticos corruptos, dictadores y terroristas.

Pero en juego está mucho más que la carrera de Garzón. España ocupa el segundo puesto mundial en número de fosas comunes, y nunca seremos capaces de cicatrizar las últimas heridas de la Guerra Civil y la dictadura, si no tenemos el coraje de enfrentarnos a nuestro pasado y dar respuesta a las legítimas demandas de las familias de las víctimas, incluyendo la exhumación de sus seres queridos.

El Tribunal Supremo se enfrenta ahora a una decisión que pasará a la historia: respetar el principio de legalidad, que abarca también al Derecho Internacional vigente, o permitir que la ideología y la impunidad prevalezcan por encima de la justicia. Más allá de nuestras opiniones personales sobre la figura del Juez Garzón, alcemos nuestras voces pidiendo que nuestras autoridades judiciales y políticas respondan a este llamamiento a favor de la verdad, la justicia y la reconciliación. Firma la petición aquí y corre la voz.

LOS JUICIOS DE LA VERGÜENZA - GARZÓN Y LA TRANSICIÓN

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso

Una de las concepciones más extendidas en los círculos políticos y mediáticos de mayor influencia y difusión en España es que la Transición de la dictadura a la democracia fue modélica. Liderada por el monarca, tal Transición dio como resultado –según esta versión– una democracia homologable a cualquier otra democracia existente en Europa, lo cual se consiguió sin mayores convulsiones en las instituciones políticas, económicas, financieras y mediáticas del país. El supuesto éxito de tal proceso explica que se haya querido incluso exportar este modelo de Transición a otras dictaduras que estaban bajo presión para que se transformaran en sistemas democráticos. Varias veces, el ministro de Asuntos Exteriores ha sugerido a dictaduras en declive, y a sus opositores democráticos, que tomaran la Transición española como punto de referencia.

La misma concepción que valora la Transición española como modélica (elemento fundamental de la sabiduría convencional existente en el país sobre aquel proceso), también considera ejemplar el compromiso adquirido por las fuerzas políticas mayoritarias de no hurgar en el pasado. Es decir, olvidarse de las enormes violaciones de los derechos humanos, predominantemente realizadas por las fuerzas golpistas en contra de un sistema democrático, olvido que se defendía y continúa defendiéndose como necesario para construir el futuro. Parte de este objetivo asumía que los definidos como los dos bandos del conflicto civil eran igualmente responsables de lo acaecido y que, por lo tanto, era mejor cerrar cuentas y olvidarse de lo ocurrido. De esta concepción deriva la Ley de Amnistía, en que todas las violaciones quedaron amnistiadas, ley que se considera determinante para que ocurriera la Transición, supuestamente modélica. Hay que señalar que, aun cuando las derechas fueron las que promovieron esta versión de la Transición, muchos elementos importantes fueron también asumidos por grandes sectores de las izquierdas, lo cual contribuyó a que tal percepción se reprodujera casi como un dogma.

Tal dogma, sin embargo se basó en una falsedad. La Transición no fue modélica como tampoco lo fue la democracia que estableció. Fue un proceso realizado bajo el dominio de las fuerzas conservadoras y por los aparatos heredados del régimen anterior, liderados por la monarquía, y claramente enquistados en el Estado español. No fue una Transición pactada entre iguales: antes al contrario. Las izquierdas acababan de salir de la cárcel o de la clandestinidad y del exilio.

Su peso procedía de las enormes movilizaciones de la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares que presionaron para que terminara aquel régimen. De ahí que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura muriera en la calle. No obstante, las izquierdas no tenían el poder ni para romper con aquel Estado ni para negociar en bases de igualdad, dando lugar al enorme sesgo conservador que existe, no sólo en las estructuras del Estado, sino también en las instituciones financieras, económicas, culturales y mediáticas del país. Es este poder el que explica las enormes insuficiencias del Estado del bienestar español, que 33 años después de terminar la dictadura todavía tiene el gasto público social más bajo de la UE-15. La democracia incompleta ha conducido a un bienestar claramente insuficiente.

No hay un indicador mejor de lo inmodélica que fue la Transición y de las enormes limitaciones que tiene la democracia española que lo que ocurrirá esta próxima semana. El Tribunal Supremo juzgará al único juez que se ha atrevido a exigir al Estado que encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas, honrándolos, a la vez que denunciando a los responsables. Esta situación cubre de vergüenza a toda España.

¿Cómo puede España presentarse como una sociedad democrática cuando ocurre este hecho que culmina un proceso que reproduce una de las mayores injusticias que ha ocurrido en el siglo XX en Europa? España es el país donde ha habido un número mayor de desaparecidos por causas políticas en Europa sin que se haya hecho nada sobre ello. Y cuando se quiere hacer algo, el Estado (nada menos que el Tribunal Supremo) quiere cerrar el caso y castigar al juez que osó mirar bajo la alfombra e intentar hacer algo de limpieza, reconociendo además a aquellos que fueron asesinados por su compromiso con la democracia. La comparación de lo que está ocurriendo en España con lo sucedido en otros países que sufrieron dictaduras fascistas o fascistoides semejantes es un indicador más del enorme subdesarrollo democrático de este país. En ningún otro país ha habido la ocultación de esta enorme represión, dejando indefensos a las víctimas y a sus familias, que no pueden ni siquiera honrar a sus muertos (que son los muertos de todos los demócratas) por no saber dónde se encuentran. El contraste entre el comportamiento del Estado español hacia las víctimas del terrorismo de ETA y el de las víctimas de las fuerzas golpistas y del Estado terrorista es bochornoso (no hay otra manera de definirlo).

Esta situación es indignante y vergonzosa. El Tribunal Supremo no es consciente del enorme desprestigio que el enjuiciamiento de Garzón por el caso de los desaparecidos significa para la Justicia española y para el Estado español. En el programa de humor de mayor audiencia en Estados Unidos se señalaba que, en la misma manera que Bolivia, sin mar, tiene Ministerio de Marina, España tenía Ministerio de Justicia. ¿No se dan cuenta de la vergüenza que están originando los miembros del Tribunal Supremo con su comportamiento, en el ámbito internacional? Por mera coherencia democrática debería haber manifestaciones a lo largo del territorio español en protesta por el insulto que el enjuiciamiento de Garzón supone a todas las fuerzas democráticas de España y del mundo.