GARZÓN ¿LA VERDAD EN EL BANQUILLO?

Parece increíble, pero España ocupa el segundo lugar del mundo en número de fosas clandestinas, solo detrás de Camboya. Lo más chocante es que, en pocos días, el Tribunal Supremo podría asestar un mazazo terrible a las aspiraciones de justicia de los familiares de más de 110.000 de personas que aún permanecen enterradas por todo el país.

Y es que el único intento judicial de investigar dichas espeluznantes desapariciones ha llevado al Juez Garzón al banquillo, acusado de incumplir la Ley de Amnistía de 1977. La Fiscalía y destacados juristas a nivel mundial secundan las acciones de Garzón en este caso, y el derecho internacional establece que crímenes de tal gravedad no pueden ser objeto de amnistía. Pero el Supremo está bajo una enorme presión y podría condenar al juez, enviando un mensaje intimidatorio a los que luchan contra la impunidad y buscan proteger la dignidad de las víctimas y de sus familias. 

Las críticas internacionales siguen creciendo, y nuestras autoridades son conscientes de que la independencia y reputación de nuestra judicatura está en entredicho. Enviémosles un mensaje ensordecedor pidiéndoles que apliquen los principios de derecho internacional, absuelvan al Juez Garzón, y garanticen un tratamiento justo y humano a los familiares de todos los que siguen abandonados en fosas comunes. Quedan pocos días para el final del juicio - haz clic aquí para firmar la urgente petición, y será entregada al Tribunal Supremo cuando alcancemos 50.000 firmas:

http://www.avaaz.org/es/spain_truth_on_trial/?cl=1565705339&v=12489

Desde los años 90, jueces españoles han jugado un papel clave en la lucha global contra la impunidad, investigando abusos de derechos humanos en Ruanda, Chile, Guantánamo, entre otros lugares. En1998, el tenaz uso del Derecho Internacional por parte del juez Garzón permitió el arresto del General Pinochet por la tortura y asesinato de miles de ciudadanos chilenos y extranjeros. 

Pero la marea está cambiando, y Garzón se enfrenta ahora a una posible condena penal por utilizar en España esos mismos principios que aplicó internacionalmente, al autorizar la investigación de la tortura, asesinato y desaparición de más de 114.266 personas entre 1936 y 1951. Iniciado por grupos de ultra derecha, el procedimiento judicial ha incurrido en importantes irregularidades procesales, e incluso, el Tribunal le ha negado a la defensa la posibilidad de aportar importantes pruebas testificales de expertos en derecho internacional. Muchos temen que este y otros juicios que pesan sobre Garzón son parte de un intento de deshacerse de un incómodo juez, que se ha labrado una reputación por perseguir a mafias traficantes de drogas, altos cargos políticos corruptos, dictadores y terroristas.

Pero en juego está mucho más que la carrera de Garzón. España ocupa el segundo puesto mundial en número de fosas comunes, y nunca seremos capaces de cicatrizar las últimas heridas de la Guerra Civil y la dictadura, si no tenemos el coraje de enfrentarnos a nuestro pasado y dar respuesta a las legítimas demandas de las familias de las víctimas, incluyendo la exhumación de sus seres queridos.

El Tribunal Supremo se enfrenta ahora a una decisión que pasará a la historia: respetar el principio de legalidad, que abarca también al Derecho Internacional vigente, o permitir que la ideología y la impunidad prevalezcan por encima de la justicia. Más allá de nuestras opiniones personales sobre la figura del Juez Garzón, alcemos nuestras voces pidiendo que nuestras autoridades judiciales y políticas respondan a este llamamiento a favor de la verdad, la justicia y la reconciliación. Firma la petición aquí y corre la voz.

MESA REDONDA EN EL ATENEO "JUICIO A GARZÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA"

El próximo martes día 24 comienza otro juicio de la vergüenza al juez Garzón, éste, por el asunto de las víctimas del franquismo.

El lunes día 23 a las 19h. en el Ateneo de Madrid -Sala de Conferencias- c/ Prado 21, tendrá lugar una mesa redonda sobre:

"JUICIO A GARZÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA. LOS DÉFICITS DE LA JUSTICIA. LA OPINIÓN DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES"

En relación con la investigación de los crímenes del franquismo por parte del juez Baltasar Garzón, los siguientes expertos juristas, de organizaciones nacionales e internacionales, pondrán de relieve la amenaza que el proceso penal ante el Tribunal Supremo supone para los derechos de las víctimas y para la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.

Intervienen:

Pedro Nikken.- Presidente de la Comisión Internacional de Juristas.

Reed Brody.- Consejero Jurídico de Human Rights Watch.

Jimena Reyes.- Responsable de la Oficina de las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Hugo Relva.- Consejero Jurídico de Amnistía Internacional.

Alicia Moreno.- Abogado y miembro del Comité Coordinador de Rights International Spain.

Moderador:

Manuel Ollé.- Vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

"GÜRTEL" DOBLEGA A LA JUSTICIA

Por Carlos Jiménez Villarejo
Ex Fiscal Anticorrupción.
(Público 13.4.2011)

El Tribunal Supremo (TS) va cerrando el cerco contra el juez Garzón, cerco que no es casual.

Basta repasar el curso de los procesos contra el mismo. El 04-08-2008, la Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional la trama de corrupción Gürtel por los delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, todos cometidos en el ámbito del PP. Ese mismo año, el juez dicta los autos de 16 de octubre y 18 de noviembre en la causa por los crímenes del franquismo. El 26 de enero de 2009, la ultraderechista Manos Limpias presenta la primera querella por un supuesto delito de prevaricación por la adopción de dichas resoluciones, querella admitida a trámite cuatro meses después, decisión que marca el inicio de la persecución planeada contra el juez Garzón. Días más tarde, el 12-06-2009, unos letrados formulan otra querella contra el juez por razón de unos supuestos cobros indebidos en la Universidad de Nueva York, hechos que ya habían sido conocidos y archivados anteriormente por el TS. Durante 2009, el TS tramita por obra del juez Varela la causa denunciada por la ultraderecha y, simultáneamente, practica diligencias relativas a la Universidad de Nueva York que oculta al juez querellado hasta que, ocho meses después de la querella, el TS la admite a trámite el 28-01-2010. Durante ese periodo, el letrado Pelaéz presenta una querella el 09-12-2009 por supuestas irregularidades en las observaciones acordadas por el juez Garzón de las comunicaciones telefónicas de imputados presos por el caso Gürtel con sus abogados. Querella que el TS admite a trámite el 02-02-2010, con la expresa oposición del fiscal, como en todos los procesos. En este caso, el fiscal mantiene que la querella es “una maniobra procesalmente fraudulenta para hurtar a los tribunales competentes para ello la decisión sobre la licitud de unas pruebas obrantes en otros procedimientos…”

En la causa que instruye Varela, este acuerda el 11-05-2010, hace ya casi un año, la apertura del juicio oral contra el juez Garzón, decisión que lleva al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a adoptar la medida desproporcionada y amedrantadora de expulsar provisionalmente al juez de la función judicial, lo que constituía el primer objetivo de este cerco. A partir de aquí, los plazos de este proceso se dilatan mas allá de lo razonable, como si el TS temiera afrontar la celebración de este juicio oral. Lo cierto es que desde el 07-10-2010 podría haberlo señalado y, posteriormente, cuando la defensa del juez plantea el 16-12-2010 la recusación de cinco magistrados por falta de imparcialidad, la Sala competente, cuatro meses después, aún no ha resuelto. Pero, al menos, un magistrado aceptó que carecía de imparcialidad para juzgar al juez Garzón.

La dilación de este proceso contrasta abiertamente con la premura del juez Barreiro, instructor del caso Gürtel. En relación a este proceso decía así el fiscal el 26-05-2010:“Al mismo tiempo que se investiga una determinada trama de corrupción de amplia complejidad, cobra vida un proceso paralelo contra el juez instructor en el que actúan como acusadores particulares dos de los principales implicados en aquella trama. A la vez que se instruye la causa criminal se está instruyendo otra contra el juez que practicó diligencias restrictivas de derechos adoptadas sobre la base de indicios sólidos que cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad”. Criterio compartido por el magistrado instructor Pedreira y otro miembro del Tribunal Superior de Madrid, que no están siendo perseguidos. Y frente a la pretenciosa e irrazonable posición de Barreiro, hay eminentes juristas que comparten la justeza de las decisiones del juez Garzón. Así lo expresaba el jurista Manuel Atienza: “En nuestro ejemplo (aproximadamente): si se trata de investigar un delito grave, no hay otra medida disponible de parecida eficacia, se previene en lo posible el derecho a la defensa, hay razones objetivas para pensar que los abogados defensores pueden contribuir a ocultar pruebas o a colaborar en la comisión de delitos y la orden judicial que autoriza la intervención está razonablemente motivada, entonces la intervención de la comunicación entre un interno en un establecimiento penitenciario y su abogado es lícita y, en consecuencia, válida”.

Por todo ello, puede afirmarse, por emplear términos de Barreiro, que sus decisiones no están “laminando” el derecho de defensa, sino al juez Garzón personal y profesionalmente. Y cuando Barreiro se opone a que se incorporen al proceso las sentencias del TS acordando la nulidad, por violación de derechos constitucionales, de las intervenciones telefónicas acordadas judicialmente en las que nunca se acordó perseguir penalmente a los jueces de instrucción, debe saber que el TS, en sentencia de 01-03-2010, anuló la condena por delitos muy graves a relevantes miembros de las Fuerzas de Seguridad a causa de graves irregularidades en las escuchas telefónicas ordenadas por un Juzgado de Instrucción de Málaga. El TS dice así: “Y de ese modo, el material probatorio ha quedado infectado de nulidad, de manera que no es posible otra determinación que la absolución de los ahora recurrentes…” Naturalmente, no se adoptó la persecución penal del juez instructor.

La decisión adoptada refuerza, objetivamente, la posición de los implicados en la trama Gürtel que, a diferencia del juez Garzón, están lejos de ser enjuiciados, si es que lo son, y que, por patentes deficiencias legales, van a acudir a las elecciones del 22 de mayo desafiando a la Justicia y menospreciando los valores de la ética pública.