Vicenç
Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.En España hay clases sociales. Y es imposible entender qué ocurre en España sin entender el enorme dominio que la burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales de renta alta han tenido y continúan teniendo sobre los aparatos del Estado, influencia que está alcanzando su máxima expresión durante el gobierno Rajoy, el gobierno que España ha tenido durante el periodo democrático que ha sido más sensible a los intereses de estas clases sociales.
Esta enorme influencia explica muchas
realidades, tales como la pobreza del Estado del Bienestar (España tiene uno de
los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15, el grupo de
países, dentro de la Unión Europea, de semejante desarrollo económico), su
escasa capacidad redistributiva (de nuevo, el Estado español es de los menos
redistributivos en la UE-15), su escasa progresividad fiscal (mientras que los
trabajadores de la manufactura pagan impuestos -en porcentaje sobre su sueldo-,
en cantidades semejantes a sus homólogos en la UE-15, el 1% de la población que
deriva sus ingresos de la propiedad de capital paga sólo un 10% de lo que pagan
sus homólogos en el promedio de los países de la UE-15). Todo ello explica la
gran pobreza de los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como la
educación. El Estado español gastó en educación en 2010 solo un 4,2% de su PIB,
mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (5,2 %), y mucho, mucho más bajo que
Suecia (7%), uno de los países de la UE donde la clase trabajadora y las clases
medias de renta media y baja tienen mayor influencia sobre el Estado. El gasto
educativo por alumno (en todas las categorías de estudios) en España es de los
más bajos de la UE-15.
Las consecuencias de esta pobreza del
gasto educativo son muchas. Y la más llamativa es la polarización, por clase
social, del sistema educativo. Desde las escuelas de infancia (mal llamadas
guarderías) hasta la enseñanza primaria y secundaria, las clases pudientes
llevan a sus hijos a las escuelas privadas (cuyo gasto por alumno es más elevado
que las públicas, con un subsidio público muy importante, llamado concierto), y
las clases populares (las clases medias de renta media y baja y la clase
trabajadora) envían a sus hijos a la escuela pública. Muchas de las privadas
están gestionadas por la Iglesia católica, que institucionalmente ha sido
siempre cercana a los intereses de las clases más pudientes.
Durante la mayoría del periodo
democrático, el número de horas lectivas en la enseñanza era mayor en las
escuelas europeas que las escuelas públicas españolas. Así, en las escuelas
secundarias, las horas lectivas eran de 559 horas al año en las públicas
españolas, comparado con 678 horas en el promedio de las escuelas de la UE-15.
Sumando el déficit anual, el estudiante español iba a la escuela secundaria un
año menos que el estudiante europeo. No por casualidad, el conocimiento en
comprensión de lectura, de matemáticas y de lenguas de un graduado español de la
escuela secundaria era semejante al de un estudiante europeo de un año menos
(Datos de PISA, 2003). Tal diferencial de conocimientos no ha disminuido. En
realidad, ha aumentado (PISA, 2012). Y lo que es también interesante subrayar es
que los estudiantes de la privada tampoco están mejor que el promedio de los
estudiantes de la escuela pública europea (de la UE-15). En realidad, están
peor.
La evidencia empírica es clara y
contundente para todo aquel que lo quiera ver. Los sistemas educativos
polarizados por clase social, con una dicotomía pública-privada, son peores en
su calidad educativa que los sistemas públicos mayoritarios. En España, el 34%
de los estudiantes van a la privada, y el 66% a la pública. En comparación, en
Suecia y Finlandia (esta última es considerada la mejor de Europa) la
distribución de porcentajes es 7% versus 93% respectivamente. Esta es una de las
mayores causas de la baja calidad educativa en España, resultado del enorme
poder de las clases más pudientes (burguesía, pequeña burguesía y clase media
profesional de renta alta) sobre el Estado a través de sus instrumentos
políticos (los partidos conservadores y liberales) y mediáticos (la gran mayoría
de medios de información, tanto públicos como privados), que en su egoísmo
—defensa a ultranza de sus intereses inmediatos— están dañando al país, y
también, paradójicamente, a la educación de sus hijos, aun cuando consiguen lo
que más quieren, es decir, mantener la distancia social (creando ciudadanos de
primera —sus hijos— y de segunda —todos los demás—) reproduciendo las
desigualdades dentro de la ciudadanía, manteniendo sus privilegios.
Representa, por cierto, una gran
incoherencia que esas fuerzas conservadoras y liberales, y sus partidos
políticos, como el PP, que se presentan como las “fuerzas patrióticas”, que
constantemente hablan de patria o nación enarbolando la bandera, apliquen a la
vez políticas públicas, en educación, que descohesiona tal patria. En realidad,
la defensa de sus intereses a través de las políticas públicas del gobierno
Rajoy daña a la mayoría de la ciudadanía, mostrando que pese a su discurso y
narrativa, son profundamente anti-patriotas, pues el elemento clave de la patria
–el término que utilizan ellos-, es su población. Y la mayoría queda dañada por
esas políticas. De ahí que debiera ser una tarea a realizar por las fuerzas
progresistas desenmascarar la utilización tan abusiva y oportunista de los
“superpatriotas” de las banderas, pues en realidad están defendiendo sus
intereses de clase. Su visión de España es una visión clasista que daña a la
España real. Cada uno de los elementos de la reforma Wert favorece a su visión
clasista, en contra de la España real, la España social y la España
plurinacional. Es una reforma reaccionaria que dañará a las clases populares —la
mayoría de la ciudadanía en España—.
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