LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES

      El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos,además de en
España.En EE..UU. el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

    Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el expresidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

    Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero,un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal;Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.

 Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos.

El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44..000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando. Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, queseñala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".

Artículo de Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

MARCHA A MADRID -PLAZA DE COLÓN A LAS 12H.

La Cumbre Social (que agrupa a más de 150 organizaciones y entidades de la sociedad civil, profesionales y culturales) llama a participar en la MARCHA A MADRID mañana sábado día 15.

La concentración tendrá lugar a las 12h. en la Plaza de Colón.

LAS MENTIRAS DEL PP

El PP, está intentando hacer desaparecer esta imagen de las redes.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE EUROVEGAS

Las Vegas es conocida coloquialmente en EEUU como “la capital del vicio” o, según algunos, “la capital del mal”, expresión utilizada no sólo por los conservadores, sino también en bastantes círculos progresistas. Y una de las causas de esta valoración negativa por parte de los progresistas es el profundo anti-sindicalismo de la industria lúdica basada en tal ciudad, junto con una gran discriminación en contra de los trabajadores latinos, que representan una cuarta parte de toda la fuerza laboral de tal industria lúdica. Las Vegas está hoy en medio de un gran conflicto laboral, resultado del intento de los trabajadores de los casinos y casas de juego de sindicalizarse.

En EEUU, la ley Taft-Hartley Act, aprobada por el Congreso de EEUU en los años post II Guerra Mundial (a pesar del veto del presidente Truman), resultado de una alianza entre el Partido Republicano y los congresistas del Partido Demócrata del Sur de EEUU (la zona más conservadora de aquel país) prohíbe a los sindicatos de EEUU comportarse como sindicatos de clase. Es decir, que cada grupo de trabajadores (dividido en miles de categorías) debe espabilarse por su propia cuenta, sin poder contar con la movilización de otros grupos que tengan en común las mismas condiciones de trabajo y las mismas reivindicaciones. Tal Ley debilita enormemente a los sindicatos, como aparece ahora claramente en Las Vegas, donde, a pesar de la gran simpatía a nivel popular que la movilización laboral para poder establecer tal sindicato ha despertado, es muy poco lo que otros sindicatos pueden hacer en su apoyo.

Es una lucha dura y enormemente desequilibrada, pues frente a los trabajadores que intentan sindicalizarse hay los grandes intereses empresariales de tal industria, financiados, por cierto, por los grandes bancos (como el Deutsche Bank y JP Morgan entre otros), que tienen a su vez gran número de cajas de resonancia mediática movilizadas para desacreditar a los trabajadores. Uno de los ejes de la campaña anti-sindical es acentuar que la sindicalización sería un desastre para los trabajadores y para la industria (los trabajadores de la industria lúdica de Las Vegas están entre los peor pagados en EEUU). El mundo empresarial envía mensajes a los trabajadores, que rezan como sigue: “No pidas la sindicalización. No firmes la petición a favor de la sindicalización. No pongas en peligro tu trabajo, sobre todo ahora cuando, si miras alrededor de ti, verás que no hay otros puestos de trabajo disponibles” (“Don’t sign a union card. Don’t put your job in jeopardy, specially when there is no job outside”. Labor Notes. September 2012.

La movilización empresarial se caracteriza por una gran brutalidad, que se ejerce con la complicidad de las autoridades públicas y la policía estatal (150 personas ya han sido detenidas). El Estado de Nevada, donde está situada Las Vegas, tiene como primer sector de empleo el sector lúdico de tal ciudad, lo cual explica que existan relaciones muy estrechas entre tal industria y las autoridades -llamadas representativas- de aquel Estado (el Estado de Montana es uno de los pocos Estados donde está legalizada la prostitución), y también, por cierto, del Estado central federal. En EEUU, donde el proceso electoral está privatizado y las campañas electorales son financiadas, en su mayoría, por fondos privados procedentes de grandes empresas, la clase política está sumamente influenciada por los intereses de los que la financian. El mayor propietario de Las Vegas, el Sr. Sheldon Adelson (que quiere establecer Eurovegas en España), es uno de los mayores financiadores del Partido Republicano. En el primer viaje que hizo el actual candidato a vicepresidente de Estados Unidos, el Republicano Paul Ryan, máximo exponente del Tea Party, fue a ver al Sr. Adelson, después de ser nombrado para tal candidatura (la cual recibió una donación de respaldo de 100 millones de dólares por parte de Adelson). Mientras, los trabajadores, liderados por los trabajadores de la cocina de los restaurantes y casinos –el sindicato de los empleados de las cocinas, Culinary Union, que tiene 55.000 miembros- continúan presionando para poder tener el derecho de organizarse en defensa de sus intereses.

Una última observación. Mucho se ha escrito sobre los méritos y deméritos de establecer en España (bien en Cataluña, bien en Madrid) un centro lúdico, referido en los medios como Eurovegas, propiedad de la empresa del Sr. Adelson. En un momento de elevado desempleo, es comprensible que tal desarrollo se vea por sectores de la administración pública, tanto autonómica como municipal, con buenos ojos para crear puestos de trabajo.

Ahora bien, en la evaluación de los pros y los contras de este centro debería también tenerse en cuenta su impacto económico, laboral, social y político. La industria de la cual la empresa Adelson es un importante componente, es conocida por sus posturas profundamente conservadoras, siendo uno de los principales financiadores del Tea Party –la ultraderecha estadounidense- y uno de los mayores proponentes de las medidas económicas sumamente reaccionarias propuestas por tal movimiento (favorable a la eliminación de la universalización de los derechos laborales y sociales), incluyendo su oposición a la sindicalización de sus empleados y trabajadores. Tal postura, bien conocida en EEUU, reforzará, sin lugar a dudas, a la ultraderecha en España, pues es característico del comportamiento de tal sector intervenir activamente en el contexto político donde su ubica para optimizar sus beneficios empresariales que considera unidos a la promoción de su ideario político. Su decisión final dependerá, en gran manera, de la afinidad política del Sr. Adelson y Co. con las autoridades gubernamentales del lugar de su ubicación. Sería un error que las fuerzas progresistas apoyaran tal proyecto.

Vicenç Navarro.