REFORMA LABORAL

A medio plazo, propone aumentar el nivel de la prestación por desempleo durante los primeros seis meses a cambio de reducir su duración posterior, para que no desincentive la búsqueda de empleo. Asimismo, propone revisar sus topes máximos que, al ser relativamente bajos, no permiten mantener decisiones de consumo, ya comprometidas y, al ser escasamente decrecientes, desincentivan la búsqueda de empleo. También propone aplicar el modelo austriaco a las cotizaciones que financian dichas prestaciones, mediante el cual pueden acumularse parte de las cotizaciones en un fondo de ahorro al que el trabajador tenga acceso si queda parado o si necesita formación y, además, puede acumular lo que quede en un fondo de pensiones cuando se jubile. Asimismo, propone reducir las cotizaciones sociales a las empresas que tiendan a despedir menos y aumentarlas a la que suelan despedir más.

Tercera, en cuanto a la negociación colectiva, propone modernizarla, ya que la estructura actual de los convenios colectivos sigue dificultando la adaptación de las condiciones de trabajo en las empresas a sus necesidades productivas y frenando su productividad. Para ello propone cambiar su regulación para permitir que los acuerdos de empresa, ya sean convenios de empresa u otros acuerdos entre los empresarios y sus comités de empresa, puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior, permitiendo así que las empresas puedan mantener su empleo.

Cuarta, propone aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo actuales. Por un lado, concentrándolas en los trabajadores de menor cualificación, que son los que padecen periodos más largos de desempleo, para evitar el paro de larga duración. Por otro, coordinando su gestión con la de protección por desempleo, para que la provisión de actividades de formación o de inserción tenga en cuenta la situación particular determinada de cada trabajador parado y poder generarle incentivos y oportunidades para conseguir que salga del paro. Asimismo, propone una evaluación de todas estas actividades para ayudar a mejorar su diseño y su gestión, asignando más recursos a los programas, agencias y empleados públicos que muestren mejores resultados.

Finalmente, propone ampliar la oferta de estas actividades permitiendo que las empresas privadas de intermediación laboral acreditadas puedan colaborar con las públicas en su provisión y gestión, dando así mayores oportunidades de elección a los trabajadores.

La segunda propuesta es la del servicio de estudios económicos del BBVA: "Tres reformas estructurales para el mercado laboral español" (situación España, marzo 2009), que es similar pero complementaria de la anterior y que propone las tres medidas siguientes:

Primera, respecto a la dualidad del mercado laboral, opta también por una solución mixta: por un lado, aplicar el modelo austriaco de un seguro de despido individual, pagado con las cotizaciones sociales, que tiene la ventaja de que puede llevarlo consigo a otra empresa, facilitando la movilidad y, si no es despedido, puede revertirle en forma de capital al jubilarse, pero el inconveniente de que puede estimular los despidos, ya que, al ser un seguro, el coste marginal de despedir un trabajador es cero, con lo que propone penalizar a las empresas que más despidan elevando sus cotizaciones. Este seguro sería financiado por un 1,8% del salario bruto anual, gestionado por la Seguridad Social. Por otro, introducir un solo contrato indefinido cuyos costes de despido sean, por ejemplo, de 8, 12, 16 y 20 días por año trabajado en los cuatro primeros años y de 20 días a partir del cuarto año.

Segunda, respecto a la negociación colectiva, aconseja una fuerte descentralización. Por un lado, suprimiendo la eficacia general automática de los convenios de ámbito superior al de empresa y dejando que sea voluntaria; limitando la vigencia máxima de los convenios en ausencia de negociación, restringiendo su ultra-actividad; generalizando las cláusulas de descuelgue, eliminando las cláusulas de salvaguardia o haciéndolas simétricas, o directamente indiciando el salario a la productividad por ocupado en cada empresa. Por otro, manteniendo los niveles de negociación colectiva actuales, pero cada uno con su especialización. Los estatales, negociando sólo aspectos generales como modalidades de contratación, fiscalidad, régimen disciplinario o formación continua. Los de rama, negociando lo que afecte al conjunto del sector, como seguridad e higiene. Y los de empresa, negociando la duración de la jornada, la movilidad funcional y geográfica y los costes salariales que afecten a la competitividad y eficiencia de cada empresa.

Tercera, respecto a la carga tributaria sobre el empleo, propone reducir permanentemente las cotizaciones a cargo de las empresas o autónomos, financiándolas con un ascenso del IVA, para así poder aumentar el nivel de empleo estructural, robustecer la capacidad de financiación de la economía, mejorar la capacidad de ajuste del mercado ante la recesión y el desequilibro exterior y mejorar la competitividad de las empresas, ya que equivale a una reducción de sus costes laborales. Calcula que una reducción de 3,5 puntos de las cotizaciones sociales compensada con una subida del IVA de 2 puntos porcentuales aumentaría el empleo a tiempo completo en un 1,4% y un 0,55% el PIB, en el primer año, y un porcentaje similar o superior en los siguientes.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).

manifiesto

4 Noviembre 2009
Manifiesto del mundo de la cultura: “Otra política y otros valores para salir de la crisis”
Posted by megafonoccoo under CCOO, Política y economía
Leave a Comment

Manifiesto del mundo de la cultura: “Otra política y otros valores para salir de la crisis”

Documento en pdf con la relación de firmantes: Manifiesto Otra politica y otros valores para salir de la crisis

Después de dos años de una crisis que ha creado millones de desempleados y ha provocado que el número de personas hambrientas y desnutridas en el mundo alcance un nuevo récord, están bien claras las causas de esta grave situación.

Dejar en plena libertad a los capitales financieros y dejar que los mercados sean los únicos reguladores de las relaciones económicas sólo lleva, como estamos comprobando, a la inestabilidad permanente, a la escasez de recursos financieros para crear empleo y riqueza y a las crisis recurrentes.

Se ha demostrado también que la falta de vigilancia e incluso la complicidad de las autoridades con los poderosos que controlan el dinero y las finanzas, esto es, la falta de una auténtica democracia, sólo produce desorden, y que concederles continuamente privilegios, lejos de favorecer a las economías, las lleva al desastre.

Dejar que los bancos se dediquen con absoluta libertad a incrementar artificialmente la deuda con tal de ganar más dinero es lo que ha provocado esta última crisis.

Pero también es una evidencia que las políticas neoliberales basadas en reducir los salarios y la presencia del Estado, el gasto social y los impuestos progresivos para favorecer a las rentas del capital, han provocado una desigualdad creciente. Y que la inmensa acumulación de beneficios de unos pocos, en lugar de producir el efecto “derrame” que pregonan los liberales, ha alimentado la especulación inmobiliaria y financiera que ha convertido a la economía mundial en un auténtico e irracional casino.

Y es evidente que esos desencadenantes de la crisis no tienen que ver solamente con los mecanismos económicos, sino con la política controlada cada vez más por los mercados, por el poder al servicio de los privilegiados y por el predominio de la avaricia y el afán de lucro como el único impulso ético que quieren imponer al resto del mundo los grandes propietarios y los financieros multimillonarios.

Por eso la crisis económica que vivimos es sobre todo una crisis política y cultural y ecosistémica.

Las prácticas financieras neoliberales que la han provocado se justificaron con el predominio de unos valores culturales marcados por la soledad, el individualismo egoísta, la degradación mercantil de los conceptos de felicidad y de éxito, el consumo irresponsable, la pérdida del sentido humano de la compasión y el descrédito de las ilusiones y las responsabilidades colectivas.

Los debates surgidos en torno a esta crisis demuestran que en las democracias occidentales se ha establecido un enfrentamiento peligroso entre los poderes económicos y la ilusión política. Los partidarios del mercado como único regulador de la Historia piensan que el Estado debe limitarse a dejar que los individuos actúen sin trabas, olvidando que entre ellos hay una gran desigualdad de capacidades, de medios y de oportunidades. Por eso le niegan capacidad pública para ordenar la economía en espacios transparentes, y para promover los equilibrios fiscales y la solidaridad social. Y por eso desacreditan el ejercicio de la política.

Pero la política no debe confundirse con la corrupción, el sectarismo y la humillación cómplice ante los poderes económicos. La política representa en la tradición democrática el protagonismo de los ciudadanos a la hora de organizar su convivencia y su futuro. Palabras como diálogo, compromiso, conciencia, entrega, legalidad, bien y público, están mucho más cerca de la verdadera política que otras palabras por desgracia comunes en nuestra vida cotidiana: corrupción, paraíso fiscal, dinero negro, beneficio, soborno, opacidad y escándalo.

Como esta crisis es política y cultural, debemos salir de esta crisis reivindicando la importancia de la política, la educación y la cultura. No podemos confundir la sensatez y la verdad científica con diagnósticos interesados en perpetuar el modelo neoliberal y sus recetas financieras.

Ahora resulta prioritario buscar una respuesta progresista a la crisis.

Para evitar nuevas crisis en el futuro hay que luchar en primer lugar contra todas las manifestaciones de la desigualdad. Y para ello es necesario garantizar el trabajo decente que proporcione a mujeres y hombres salarios dignos y suficientes, y el respeto a sus derechos laborales como fundamento de un crecimiento económico sostenible.

Así mismo, es imprescindible que se lleven a cabo reformas fiscales que garanticen la equidad, la solidaridad fiscal, sin paraísos ni privilegios para millonarios, y la mayor contribución de los que más tienen, para que el Estado pueda aumentar sus prestaciones sociales y ejercer como un potente impulsor de la actividad económica.

Frente a los daños ecológicos de la ambición especulativa, una respuesta progresista supone revisar los marcos jurídicos para que sea posible una mayor protección de nuestro ecosistema y establecer suficientes incentivos para promocionar la producción y el consumo sostenibles.

Frente a un modelo productivo basado en la especulación financiera e inmobiliaria y en la consideración de que nuestros recursos son ilimitados, una respuesta progresista supone invertir más en educación, investigación y cualificación laboral.

Frente al desprestigio de la política, una respuesta progresista supone devolverle la autoridad a los espacios públicos y a los representantes de los ciudadanos para que regulen en nombre del interés común las estrategias del mercado.

Frente a la misoginia y la discriminación de género, una respuesta progresista supone consolidar las políticas de igualdad, defender el derecho a la reproducción y medidas específicas para evitar que las mujeres se vean relegadas al paro o a la economía sumergida y a soportar muchas más horas de trabajo no retribuido que los hombres, sufriendo así en mucha mayor medida que éstos los efectos de la crisis.

Frente al racismo y a la xenofobia, una respuesta progresista supone defender los derechos de los trabajadores extranjeros y asegurar el respeto jurídico a la dignidad las personas.

Frente a la soledad social, la pobreza y el egoísmo, una respuesta progresista supone apostar por los valores culturales de la solidaridad, que no son ideales utópicos trasnochados, sino la mejor muestra de la dignidad cívica de los sentimientos humanos